PAMI destapó una millonaria red de fraude en prestaciones oftalmológicas en varias provincias

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados destapó una compleja red de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replicaba en distintas provincias del país, con maniobras que incluían sobrefacturación, prestaciones inexistentes, conflictos de interés y cobros indebidos a afiliados.

La investigación, basada en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, permitió establecer que no se trataba de casos aislados. Las irregularidades fueron detectadas en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

Entre las principales maniobras detectadas sobresale la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, se recetaban lentes de baja graduación, pero se facturaban módulos de alta graduación con valores hasta cinco veces superiores. Mientras un módulo real costaba $4.941, algunos fueron facturados por hasta $27.204.

A esto se sumaban las denominadas “prestaciones fantasma”: consultas y estudios que jamás se realizaron. En algunos casos, hasta la mitad de las órdenes auditadas carecía de respaldo clínico.

La auditoría también reveló circuitos cerrados entre médicos y ópticas, además del cobro ilegal a jubilados por productos que debían estar cubiertos por el organismo. Incluso se detectaron casos en los que afiliados abonaron cifras exorbitantes, superiores a 1.500 dólares más $353.500, por lentes que correspondían sin costo.

Uno de los casos más graves se registró en Santiago del Estero, donde se confirmaron 606 episodios de sobrefacturación que provocaron un perjuicio superior a los 10,4 millones de pesos. En Entre Ríos, en tanto, se detectaron 613 operaciones irregulares y recetas emitidas sin especificar dioptrías.

Las maniobras forman parte de una investigación más amplia sobre el funcionamiento del sistema OME, que ya derivó en al menos seis causas judiciales activas.

Uno de los expedientes más avanzados tramita en Rafaela, donde se solicitó la elevación a juicio oral contra un médico y una farmacéutica acusados de confeccionar 636 prescripciones apócrifas. La maniobra fue comprobada mediante el rastreo de las direcciones IP desde las que se emitían las recetas.

Las auditorías también detectaron volúmenes de atención imposibles, como el caso de un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, una cifra que equivaldría a más de 100 horas de trabajo en una sola jornada.

La investigación se inició durante la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir encontró un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos.

Desde el organismo remarcaron que ya se implementaron controles más rigurosos y sistemas de monitoreo permanente para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los jubilados y pensionados.